Archives

  • 2018-07
  • 2018-10
  • 2018-11
  • 2019-04
  • 2019-05
  • 2019-06
  • 2019-07
  • 2019-08
  • 2019-09
  • 2019-10
  • 2019-11
  • 2019-12
  • 2020-01
  • 2020-02
  • 2020-03
  • 2020-04
  • 2020-05
  • 2020-06
  • 2020-07
  • 2020-08
  • 2020-09
  • 2020-10
  • 2020-11
  • 2020-12
  • 2021-01
  • 2021-02
  • 2021-03
  • 2021-04
  • 2021-05
  • 2021-06
  • 2021-07
  • 2021-08
  • 2021-09
  • 2021-10
  • 2021-11
  • 2021-12
  • 2022-01
  • 2022-02
  • 2022-03
  • 2022-04
  • 2022-05
  • 2022-06
  • 2022-07
  • 2022-08
  • 2022-09
  • 2022-10
  • 2022-11
  • 2022-12
  • 2023-01
  • 2023-02
  • 2023-03
  • 2023-04
  • 2023-05
  • 2023-06
  • 2023-08
  • 2023-09
  • 2023-10
  • 2023-11
  • 2023-12
  • 2024-01
  • 2024-02
  • 2024-03
  • 2024-04
  • 2024-05
  • 2024-06
  • 2024-07
  • 2024-08
  • 2024-09
  • 2024-10
  • De igual modo un oficial de la

    2018-11-13

    De igual modo, un oficial de la unidad antivicio de la policía metropolitana me explicó que, en su experiencia, la mayoría de las trabajadoras sexuales migrantes que trabajan en locales en la ciudad de Londres son explotadas por los dueños de dichos establecimientos; a muchas de ellas las han engañado con relación a las ganancias y las condiciones laborales; y la mayoría trabaja para pagar las deudas migratorias. No obstante, dice también que muy pocas son forzadas o controladas por medio de violencia física o amenaza de la misma, y rara vez los establecimientos cerrados son dirigidos por la misma persona o personas que las reclutaron o que arreglaron su entrada al país. Desde esta perspectiva, resulta que pocas son víctimas de trata. El hecho de que la policía y los agentes migratorios en el Reino Unido busquen una constelación muy específica de abusos —sobre todo uno que implique conspiración para facilitar la migración ilegal, prostitución forzada por medio de violencia física o amenaza de la misma, y falso encarcelamiento— se demuestra también por los eventos circundantes a una redada llevada a cabo en una sala de masajes en Birmingham. En octubre de 2005, la policía ejerció una orden judicial por sospecha de trata de personas en una sala de masajes (de nombre Cuddles [caricias]) para rescatar a una serie de ciudadanas extranjeras que se creía que estaban siendo obligadas a prostituirse. Los oficiales de policía y agentes migratorios extrajeron a 19 mujeres del establecimiento. Quienes podían demostrar que vivían legalmente en Reino Unido (muchas eran lituanas y, por ende, ciudadanas comunitarias) eran liberadas. Las condiciones bajo las cuales trabajaban en Cuddles no fueron investigadas a profundidad. Las seis que no pudieron demostrar que estaban legalmente en el país fueron detenidas e interrogadas por oficiales del sexo masculino, quienes a veces tardaron menos de 17 minutos en preguntarles cómo habían viajado al Reino Unido y cómo terminaron trabajando en Cuddles. Con GSK1324726A cost en sus respuestas, los oficiales implicados en el caso determinaron que no eran víctimas de trata, y dos días después fueron transferidas a overkill un centro de detención migratorio para esperar su expulsión. Claudia Aradau ha observado que las imágenes de cuerpos doloridos que suelen usarse rutinariamente en las campañas antitrata funcionan como: Asimismo, parecería que el sufrimiento físico es la prueba de fuego para los oficiales de policía y agentes migratorios encargados de distinguir a las víctimas de trata de las inmigrantes indocumentadas que laboran de manera ilegal en el sector del comercio sexual. Dicho de otro modo, el umbral de victimización es bastante alto, y ¿quién se atrevería a cuestionarlo? Sin duda no lo harán los gobiernos cuya gran prioridad es aparentar ser estrictos en materia migratoria. Tampoco las ong que más participan en campañas antitrata, pues ellas se ven atrapadas por su propia retórica. Las abolicionistas feministas insisten en que la violencia es una característica inevitable y ubicua de la prostitución, que es una forma de esclavitud sexual (Weitzer 2005), e instan a los gobiernos a actuar en contra de la trata con fines de explotación sexual con el argumento de que las mujeres y niñas inmigrantes que se dedican a la prostitución con frecuencia son sometidas a violaciones, golpizas, encarcelamiento y tortura. Por lo tanto, no están en posición de desafiar a los gobiernos para que reduzcan el umbral de victimización. Ciertamente podríamos perdonar a un oficial de policía o agente migratorio que no ha leído nada sobre prostitución —excepto las historias de terror que suelen presentar grupos como catw (en las cuales figuran muchachas encerradas en cuartos sucios que han sido quemadas con cigarrillos, laceradas con navajas, azotadas, golpeadas, drogadas, etcétera, etcétera)— por asumir que, cuando no hay evidencia de este tipo de agresión física, no se ha incurrido en violación de derechos. Asimismo, los promotores de campañas antiesclavitud que definen la esclavitud moderna como una condición en la que una persona es totalmente controlada por otra no están en posición de instar a las autoridades a trabajar con definiciones más complejas de conceptos como fuerza, engaño, coacción o explotación.