A esos hechos se suman

A esos hechos, se suman los otros fenómenos mencionados —cambios demográficos, presiones migratorias, erosión del orden familiar, apremios presupuestarios— que inciden la erosión de los mercados nacionales de trabajo. Todo ello, disloca los tres pilares fundamentales de la protección social: la población, el Estado, las empresas y las propias familias, recreando la desigualdad de fortunas que ya se creía periclitada. El primero falla por carencia crónica de recursos, frecuentemente acentuada por endeudamientos excesivos; las segundas, al hacer de los salarios una carga blasticidin abatir en la contienda competitiva de mercados abiertos; la tercera por el desempleo, la informalidad y la incorporación femenina al mercado de trabajo, la concentración del ingreso. Aún a escala del empleo y de la oferta de protección social, se precisaría abordar medidas difíciles de asimilar por las ideologías dominantes, aún siendo necesarias para enmendar las rupturas de los pactos sociales y la obsolescencia de los mercados de trabajo. Una acción relevante consistiría en independizar los derechos de protección social de la incorporación obligada de la mano de obra al sector moderno de los mercados de trabajo. La legislación social del futuro en vez de tejerse en torno al trabajo formal, poco a poco tenderá a forjarse en torno a derechos sociales exigibles por todos los ciudadanos, como ya comienza a ocurrir en varios países. Así lo aconseja observar el desbarajuste de los mercados de trabajo, el ascenso vertical de los grupos sin derechos o con derechos truncos a la protección social, así como los tiempos prolongadísimos tomaría absorber los excedentes de mano de obra (desempleados, informales, mujeres, jóvenes), a escala nacional y global. Emprender lo anterior, por fuerza llevaría a modificar estructura del gasto público y también las fórmulas tradicionales del financiamiento de los servicios sociales (gravámenes al trabajo, contribuciones bipartitas o tripartitas, aportes voluntarios o filantrópicos) a fin de cubrirlos con la recaudación directa de impuestos generales y progresivos. Aquí, sería necesario recurrir al Impuesto sobre la Renta debido a su capacidad de corregir la distribución primaria, altamente concentrada del ingreso, aparte de su aporte a alleles cubrir el incremento del gasto social resultante. De ese modo, se ofrecería acceso permanente a los servicios a la población desprotegida, aún a la afectada por desempleo, al tiempo que se fortalecerían los estabilizadores contracíclicos de la demanda agregada. En rigor, la universalización de los accesos a los servicios sociales esenciales resolvería parcialmente la cortedad de alcances de las políticas e instituciones de la protección a las poblaciones. Sin embargo, sólo indirectamente contribuirá a subsanar la insuficiencia de la demanda de empleo o los bajos salarios o la falta resultante de ímpetu de la demanda agregada. En consecuencia, si persistiera el carácter excluyente o la depresión salarial de los mercados de trabajo, si no resultase pronta la absorción de los excedentes de mano de obra, si la multiplicación de las ocupaciones por cuenta propia fuese irrefrenable, habría que fortalecer sin tapujos la demanda por la vía de inyectar poder adquisitivo a los estratos desprotegidos de la población. Así se lograría simultáneamente mejorar el reparto del ingreso y estimular a los mercados de bienes y servicios. La solución residiría en establecer ingreso mínimo garantizado a todos los ciudadanos, la llamada Renta Básica, que fortalecería distributiva y políticamente a la mano de obra, a las mujeres trabajadoras y a los hogares monoparentales. Al mismo tiempo, se podrían suprimir por innecesarios una larga serie de programas sociales focalizados, como las ayudas y subsidios en combate a la pobreza. Sin duda, la viabilidad de la universalización de los servicios sociales y luego el derecho a una renta mínima garantizada mucho depende de la situación fiscal financiera y política de cada país. En todo caso, podría procederse por etapas hasta finiquitar la reforma. Pasos modestos podrían consistir en otorgar ingresos a la población de edad avanzada —como ocurrió en la ciudad de México—, establecer o extender en el tiempo el seguro de desempleo, o proceder a la generalización parcial de los accesos a la salud pública, incorporando a desempleados y trabajadoras domésticas, sobre todo en los países en desarrollo carentes de estos derechos.